Los errores en la factura de luz y gas, junto a irregularidades en conceptos regulados, disparan el coste energético sin que el consumidor lo perciba
Cada mes millones de consumidores pagan su factura de luz o gas sin cuestionarla ni pensar en posibles errores. Pero ¿y si una parte de ese importe no fuera correcta? ¿Y si estuvieras pagando de más sin saberlo? La realidad es más inquietante de lo que parece: los errores en los conceptos regulados se han convertido en una práctica más extendida de lo que muchos imaginan. Hablamos de los peajes de acceso y los cargos del sistema, partidas fijadas por la administración que deberían aplicarse con absoluta precisión.
>Sin embargo, en la práctica, no siempre ocurre así. Estudios del sector señalan que más del 80% de los comercializadores nacionales presentan irregularidades en la aplicación de estos conceptos. La gravedad no es menor. La Ley 34/1998 del Sector de los Hidrocarburos es contundente: en sus artículos 109, 110 y 111, considera infracción la aplicación incorrecta de tarifas, precios o peajes regulados, con distintos niveles de gravedad. Y en su artículo 113 va más allá: en los casos más extremos, las sanciones pueden alcanzar los treinta millones de euros.
Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo? La respuesta es sencilla: la complejidad de las
facturas y el desconocimiento general juegan en contra del consumidor. Detectar estos errores en la factura no es fácil, y ahí es donde muchos sobrecostes pasan desapercibidos durante años. Esto el reflejo de un problema estructural que afecta a miles de consumidores. La pregunta ya no es si puede ocurrir, sino cuántas facturas esconden errores que aún no han sido detectados. Revisar, preguntar y asesorarse ya no es una opción: es una necesidad.
El caso real que destapa el fraude: facturas infladas y una empresa sin autorización
En Roexco Gabinete Pericial conocen bien esta realidad. Su experiencia en el análisis de facturación energética revela un patrón preocupante. Junto al despacho DPG Legal y el abogado Ignacio G. Gugel, han intervenido en casos que rozan lo alarmante.
Uno de los más significativos comenzó con una promesa habitual: reducir la factura del
gas.
Una comunidad de propietarios contrató a una supuesta comercializadora que
ofrecía mejores precios mediante asesoría energética. El resultado fue justo el contrario:
facturas disparadas por encima del mercado, gestión caótica y un servicio inexistente.
Cuando decidieron poner fin a la relación, llegó el golpe final: una reclamación abusiva
superior a los 100.000 €.
La Comunidad de Propietarios (de un edificio de Madrid capital) estuvo abonando
facturas muy por encima del precio de mercado durante muchos meses. Todo ello se
abonaba a un supuesto comercializador, que no tenía autorización para esa actividad. La Comunidad recibió una demanda por un importe muy elevado que obligó a la primera a buscar asesoramiento jurídico y experto en la materia.
La intervención fue inmediata. El caso se trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que confirmó lo más preocupante: aquella empresa ni siquiera era una comercializadora autorizada. No podía contratar, ni facturar, ni operar como lo hacía.
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