El BOE publica hoy el primero de los dos textos, con moratoria de desahucios hasta 2030 y topes al alquiler, mientras el Congreso vota su convalidación el viernes
El Gobierno ha puesto en marcha el decreto ‘Maricarmen’, el paquete de medidas de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes tras las semanas de presión social desatadas por el desahucio de la vecina de 87 años en el barrio madrileño de Retiro.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, miércoles, el primero de los dos textos, que incluye una moratoria de los desahucios hasta 2030 y límites a la subida de los alquileres, mientras el Congreso se prepara para votar su convalidación el próximo viernes.
¿Cuándo se aprueba el decreto ‘Maricarmen’ y cuándo entra en vigor?
El Consejo de Ministros dio luz verde a las nuevas normas el martes 29 de septiembre, y este miércoles 30 han quedado publicadas en el BOE, por lo que ya están formalmente en vigor. Sin embargo, al tratarse de decretos-ley, necesitan la convalidación del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días para no decaer.
Esa votación está prevista para el pleno del próximo viernes, 2 de octubre, y el Gobierno confía en sumar los apoyos de Podemos y Junts para lograr lo que varios medios han descrito como una «votación exprés», aprovechando la tensión social generada por el caso Maricarmen.
A fecha de hoy, Junts no ha cerrado su posición, el BNG ha anunciado su apoyo aunque calificando las medidas de «parches», y el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha rechazado los decretos sin entrar todavía en el detalle de su contenido.
Por qué son dos decretos y no uno solo
El Ejecutivo ha optado por dividir en dos normas distintas lo que en un principio se planteaba como un único decreto de vivienda, con el objetivo de asegurar mayorías suficientes en el Congreso.
La división responde a las diferencias entre los socios de coalición, PSOE y Sumar: el segundo decreto se centra específicamente en la renovación automática de los contratos de alquiler, una demanda histórica de Sumar que generaba más resistencia parlamentaria, mientras que el resto de medidas, entre ellas la moratoria de desahucios, quedan recogidas en el primer texto.
Las claves: qué incluye el decreto Maricarmen
Entre las medidas más relevantes del primer decreto ‘Maricarmen’ figura la ampliación de la moratoria de desahucios hasta 2030, frente a la fecha de 2028 que se había planteado en un primer momento, dirigida a personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional, junto con la obligación reforzada de que comunidades autónomas y ayuntamientos ofrezcan esa alternativa.
El texto establece además una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes de finales de 2028, y fija topes a la subida de las rentas: un incremento máximo del 2% anual con carácter general, y del 0% para los alquileres que ya se sitúen por encima del índice de referencia, una limitación que se extiende más allá de las zonas declaradas como tensionadas.
El decreto incorpora también restricciones a la compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028, definidas por la forma de adquisición (compras masivas por debajo de precio de mercado con fines de reventa inmediata) y no por el tipo de entidad compradora, además de ampliar el derecho de tanteo y retracto a la venta de edificios completos y carteras inmobiliarias.
En el terreno fiscal, incluye financiación pública a interés cero para la entrada de la primera vivienda, de hasta 50.000 € o el 20% del valor del inmueble a un máximo de 30 años, deducciones para inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 € anuales y bonificaciones para propietarios que mantengan sus alquileres por debajo de precio de mercado, junto con una reducción de las ventajas fiscales.
También regula los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar que se usen como vía para eludir la protección de los inquilinos, y endurece la fiscalidad de la vivienda turística de corta duración y de las viviendas vacías. Según las estimaciones del propio Gobierno, el conjunto de medidas podría beneficiar a unos cinco millones de inquilinos en toda España.
Qué pasa ahora con Maricarmen
Mientras el decreto que lleva su nombre avanza en el Congreso, la propia Maricarmen ya cuenta con una solución para su caso particular. El pasado lunes, tras más de cuatro horas de negociación mediadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), sus representantes llegaron a un acuerdo con Urbagestión para que pueda regresar a su vivienda en Retiro con un contrato de alquiler de ocho años, sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos y que se sitúa en una cuantía similar a la que pagaba antes del desahucio.
El acuerdo incluye seguro de hogar, cobertura de impago y asesoramiento legal, económico, técnico y fiscal a través del servicio de intermediación de la EMVS. «Hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio», ha señalado su abogada, Beatriz Duró.
Maricarmen continúa hospitalizada en el Gregorio Marañón y debe formalizar el contrato a través de su representación legal; sus pertenencias siguen en el piso, y el objetivo es que pueda volver directamente a su domicilio en el momento en que le den el alta.
Qué puede pasar en los próximos días
El foco se traslada ahora al Congreso, donde el viernes se decidirá si los dos decretos siguen adelante o decaen por falta de apoyos. Una votación fallida obligaría al Gobierno a empezar de nuevo el proceso, en un contexto en el que el caso de Maricarmen ha convertido esta votación en un termómetro político de primer orden, con el Sindicato de Inquilinas manteniendo la presión en la calle y una acampada instalada en la Puerta del Sol a la espera del resultado.
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