La política educativa digital en la Comunidad de Madrid se encuentra en entredicho después de fomentar un discurso institucional contra el uso de dispositivos digitales mientras licita una inversión de casi 8 millones en tablets, consolas y robótica
La gestión del uso de la tecnología en las aulas de Madrid se encuentra en el foco del debate, en plena revisión de la política educativa digital en Madrid, tras un discurso orientado a limitar la presencia de pantallas en los centros escolares. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una inversión de 7.743.676,99 € destinada al suministro de equipamiento tecnológico como tablets, consolas y robótica de suelo.
Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 19 de marzo de 2026, la Consejería de Digitalización ha licitado el contrato denominado ‘Suministro de equipos tecnológicos (Fase II)’, estructurado en 13 lotes que incluyen distintos tipos de dispositivos para centros de Educación Primaria y Secundaria.
Entre las partidas más destacadas se encuentran:
- Más de 185.000 € destinados a tabletas táctiles de gran formato y equipos de computación.
- 337.577,42 € para la adquisición de consolas portátiles de videojuegos.
- Más de 3,3 millones € para ampliación de equipamiento de robótica educativa.
El contrato establece un plazo de ejecución de 150 días, lo que implica una rápida implantación del material en los centros educativos.
Limitaciones al uso de dispositivos desde 2025
El origen de este debate se remonta al 23 de julio de 2025, cuando la Comunidad de Madrid aprobó un decreto que elimina el uso individual de dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria a partir del curso 2025/26. La medida, que afecta a más de 550.000 alumnos, tiene como principios generales garantizar la adquisición de las competencias digitales, pero a la vez establecer las limitaciones en el uso de estos dispositivos.
Con todo ello, la idea es que el alumnado de Infantil y Primaria no pueda utilizar dispositivos digitales de forma individual ni realizar tareas evaluables que requieran su uso fuera del horario escolar. El uso compartido estará permitido únicamente con fines pedagógicos, bajo supervisión docente y con límites de tiempo que varían según la etapa, desde una hora semanal en los cursos iniciales hasta un máximo de dos horas en los niveles superiores.
En Educación Secundaria, serán los propios centros los que regulen su uso en función de la edad y madurez del alumnado. Además, la norma contempla excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo o en programas donde estos dispositivos resulten imprescindibles.
Críticas a la incoherencia del modelo digital
Desde el ámbito educativo, algunas organizaciones han cuestionado la incoherencia de la política educativa digital en Madrid, señalando la contradicción entre las críticas al uso de dispositivos digitales y la inversión en su implantación. La Federación de Educación de CCOO Educación Madrid considera que no es compatible limitar el uso de pantallas en las aulas mientras se impulsa su incorporación masiva sin definir con claridad su función pedagógica.
Según esta organización, la licitación, firmada por la Secretaria General Técnica de la Consejería, Judit Díez Manzanedo, responde más a la ejecución presupuestaria vinculada al programa Programa Escuela 4.0 que a un modelo educativo estructurado, eficiente y claro.
En esta línea, la secretaria general de la Federación, Aída San Millán, señala que “la educación pública necesita estabilidad, planificación y criterios pedagógicos sólidos, no decisiones contradictorias que convierten los centros en escenarios de ensayo”. Asimismo, advierte de la dificultad de incorporar nuevos dispositivos en un plazo de ejecución de 150 días sin el acompañamiento formativo necesario para el profesorado.
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