El nuevo Reglamento de Vivienda incluirá también la exigencia de que el solicitante tenga diez años de empadronamiento previo
Los condenados por ocupación ilegal no podrán acceder durante cinco años a una vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, según el nuevo Reglamento de Vivienda, donde el Gobierno regional tiene previsto incluir esta y otras medidas y cuya entrada en vigor está prevista para el mes de julio.
El cambio normativo afectará a las personas condenadas por allanamiento de morada o usurpación y responde al objetivo de reforzar la legalidad y ordenar el acceso al parque público de vivienda en un contexto de alta demanda y recursos limitados.
Condenados por ocupación ilegal excluidos de la vivienda protegida en el nuevo reglamento
El nuevo Reglamento de Vivienda impedirá que las personas condenadas por sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda soliciten una vivienda protegida cuando la condena se haya producido en los cinco años anteriores a la solicitud.
La exclusión alcanzará a todo el parque de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, tanto en régimen de alquiler como de compra. La norma afectará a quienes hayan ocupado de forma ilegal un inmueble. El objetivo es impedir que quienes han vulnerado el derecho a la propiedad puedan beneficiarse de un recurso público destinado a facilitar el acceso a la vivienda a personas con dificultades económicas.
El cambio normativo se enmarca en la revisión del actual sistema de vivienda protegida, con la intención de reforzar la legalidad y establecer criterios más claros y homogéneos en el acceso a estos inmuebles.
Diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública, también incluido en el nuevo Reglamento
El reglamento incorporará además un nuevo requisito de acceso a la vivienda protegida: acreditar al menos diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid antes de poder presentar una solicitud. Hasta ahora, la normativa no exigía de forma general este periodo de empadronamiento.
Este requisito busca priorizar a las personas con una vinculación estable con la región y garantizar que las viviendas públicas se destinen a quienes contribuyen de forma continuada al desarrollo social y económico del territorio. La medida pretende también reforzar los criterios de arraigo y evitar un uso oportunista del sistema de vivienda protegida.
La normativa se encuentra actualmente en fase de tramitación y cuenta con un periodo de audiencia e información pública previo a su aprobación definitiva, prevista para el mes de julio.
Más viviendas públicas pero con nuevas restricciones
La reforma del reglamento llega en un momento de fuerte presión sobre la vivienda asequible en la Comunidad de Madrid. La región lidera en España la construcción de vivienda protegida, impulsada en gran parte por el Plan Vive de alquiler a precio asequible.
En total, el plan suma cerca de 14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo. De ellas, más de 5.000 ya han sido entregadas, mientras que otras 3.200 se encuentran en fase final de construcción y alrededor de 3.400 viviendas del programa Solución Joven están actualmente en proceso de licitación.
Pese al incremento de la oferta, la demanda continúa siendo elevada, lo que ha llevado al Ejecutivo regional a introducir criterios de acceso más restrictivos para garantizar un reparto ordenado y equitativo de la vivienda protegida.
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