La incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid ha provocado varias denuncias
Han pasado ocho semanas desde aquel 3 de marzo en que se produjo la primera muerte por coronavirus (Covid-19) en Madrid y hoy sabemos que la enfermedad ha impactado especialmente en las residencias de ancianos. Sin embargo, las cifras han tardado en salir a la luz e incluso hay datos que todavía no están claros, sobre todo para los familiares de las víctimas.
La Comunidad de Madrid, que desde que empezaron a surgir las primeras denuncias contra estas instituciones ha puesto en marcha un plan de choque y refuerzo en las residencias, reaccionó tarde. Respecto a los primeros casos de fallecimientos de ancianos en estos centros, nunca se sabrá si fueron causados por la Covid-19 o no, ya que no se les practicó ninguna prueba (ni antes ni después del deceso). Esas muertes no se contabilizaban en el cómputo general durante las primeras semanas.
Los datos de los que ahora informa la Comunidad de Madrid arrojan un total, desde el 8 de marzo, de 5613 personas fallecidas en residencias con diagnóstico positivo o síntomas de Covid-19, de un total de 7.007 muertos en estos centros.
Denuncias contra las residencias de Madrid
Actualmente, la región cuenta con 475 residencias con un total de 38.070 residentes. Según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 20 de abril en Madrid se habían interpuesto 40 denuncias de familiares y trabajadores de los centros.
La primera se conoció a mediados de marzo cuando la Fiscalía decidió investigar a la residencia Monte Hermoso tras 17 fallecimientos. En los últimos días ha surgido alguna más, como la de la residencia Adolfo Suárez, en el barrio de San Blas Canillejas.
José Luis, hijo de una anciana residente fallecida
José Luis ha vivido esta situación en primera persona. Su madre, Victorina, de 98 años, murió el pasado 28 de marzo en la residencia Los Nogales-Pontones, donde residía desde febrero de 2015. «Era mayor, pero tenía una vitalidad tremenda, siempre ha estado bien, pese a necesitar atención debido a su avanzada edad», explica y añade que «el pasado diciembre tuvo una bronquitis y en seguida la trasladaron al hospital donde le dieron antibiótico y oxígeno; al día siguiente ya estaba de vuelta en la residencia».
Por eso, su mayor sorpresa e indignación, igual que la de sus hermanas, es que «ahora teniendo la misma sintomatología no la hayan mandado al hospital, ni a ella ni a otros que estaban igual; se han quedado en la residencia». Días después de que se prohibieran las visitas a las residencias, a mediados de marzo, desde el centro avisaron a José Luis y sus hermanos de que Victorina tenía algo de fiebre.
«Nos decían que no le hacía falta ir al hospital»
«Preguntamos si tenía el virus, pero como no les hacían pruebas, no lo sabían», comenta y cuando preguntaban por qué no la llevaban al hospital, como otras veces, la respuesta de los auxiliares era: «Está bien, ha merendado bien, no es necesario». Sus hijos no podían ir a verla y por lo tanto, tampoco saber cómo se encontraba. «No pudimos hablar con ella en ningún momento», continúa, «un día mi hermana consiguió, después de mucho protestar, que le pusieran a mi madre en una videollamada, pero estaba en la cama y no fue ni consciente«. Cuatro días después les anunciaron su muerte.
«Creemos que hubo alguna directriz para que a los mayores de 80 años no se les llevara al hospital, pues las urgencias estaban llenas; pensamos que los han deshauciado«, lamenta con impotencia y enfado. Todavía hoy no tienen clara la causa de la muerte: «Cuando conseguimos hablar con el médico, que nos costó mucho, dijo que era insuficiencia cardiorespiratoria y con posibilidad de coronavirus, y eso mismo pone en el certificado de defunción». Lo cual, no les aclara mucho.
«Los casos como mi madre no se han incluido en los datos de fallecidos en residencias, porque al no hacerles tests, no se ha comprobado si han muerto por Covid-19, así que no los han contabilizado; para las residencias es mejor así, un menor número de fallecidos daña menos su prestigio», opina convencido de ello.
«Desconfiamos del trato que han dado a nuestros mayores»
Después de esta difícil experiencia, José Luis tiene algo muy claro: «Ha habido mucho ocultismo en las residencias y desconfiamos del trato que han dado a los mayores». Aunque en un principio sus hermanas y él estaban contentos con la Residencia Los Nogales porque era de reciente construcción y «tenía una publicidad buenísima», con el tiempo han ido conociendo otra realidad: «Sabemos que muchos auxiliares se daban de baja, no estaban contentos con las condiciones laborales y al final al parecer había solo dos por planta para 30 o 40 residentes. Es imposible darles de comer, lavarles, cambiarles, atenderles… de esta manera».
Asegura que no tienen forma de demostrarlo pero que «cuando acabe esto» esperan poder reunirse «con otros familiares, ver qué ha ocurrido y, si es necesario, iniciar una acción judicial o al menos reivindicativa«. La sensación que les ha quedado es que «los residentes son números para los gerentes, les importan muy poco». Para José Luis «las residencias son instituciones creadas para ganar dinero, tienen detrás grupos inversores, ‘lobbies’, accionistas… que solo quieren hacer negocio, y no hay suficiente vigilancia por parte de las instituciones».
El hijo de Vitorina vio aún más claro el interés económico de estos centros cuando «habiendo muerto mi madre el día 28 de marzo, nos pasaron el recibo del mes de abril». Indignados, reclamaron la devolución, pero ¿qué habría pasado si no se hubiesen dado cuenta?
«Las residencias deben tener más inspección y cumplir unos ratios»
«Las residencias deben cambiar por completo», opina con convencimiento. Para este madrileño afectado «primero deberían cumplirse unos ratios de auxiliares que permitan la atención de los ancianos; segundo, tendrían que estar regidas por profesionales y los enfermeros deberían tener vocación y conocimientos en geriatría; y tercero, es importantísimo que haya más inspección». La página web de la residencia Los Nogales-Pontones habla de calidad y especialización, sin embargo hace un año el grupo fue denunciado y una trabajadora llegó a hablar de deficiencias.
Victorina, que tenía grado 3 de dependencia, ocupaba, dentro de esta residencia de titularidad privada, una plaza subvencionada por la Comunidad de Madrid gracias a la Ley de Dependencia. La mayoría de estos centros en la región son de carácter privado con plazas públicas subvencionadas. Aún así, el importe que el centro recibe de cada residente ronda los 2500 €, de los cuales aproximadamente la mitad la aporta el gobierno regional. «Esto tiene que dejar de ser algo especulativo; se trata de la salud de nuestros mayores», concluye el hijo de Victorina.
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