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¿Cómo afecta a los madrileños el plan de ahorro energético?

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plan ahorro energético madrid

El plan de ahorro energético estará vigente, en principio, hasta noviembre de 2023 y supone el apagado de escaparates a las 22 horas y la limitación de aire acondicionado y calefacción

El plan de ahorro energético del Gobierno central lleva en vigor en Madrid menos de dos semanas. En este tiempo, ya se han visto sus efectos. El más evidente es el apagón de los escaparates de los comercios a las 22 horas. El Ejecutivo madrileño, desde un principio, manifestó su desacuerdo con el plan por los perjuicios económicos que este pudiera acarrear, pero no fue suficiente para evitar su puesta en marcha.

En concreto, las medidas aplicadas para reducir el gasto de energía son:

  • Limitación del aire acondicionado a 27 grados y a 19 grados la calefacción.
  • Apagado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas.
  • Cierre de puertas de los comercios y locales cuando esté en funcionamiento el aire acondicionado o calefacción.
  • Revisión de los sistemas de climatización de los espacios comerciales y públicos.
  • Potenciación del teletrabajo en el sector público.

Madrid noche

La vigencia del plan de ahorro energético será hasta noviembre de 2023

Su impacto se ha sentido principalmente en las zonas más comerciales de Madrid. En calles como Gran Vía, donde los comercios iluminan con sus escaparates las noches, y, durante el día, son un refugio del implacable calor estival. Cualidades ambas que ahora se ponen en riesgo con la imposición de restricciones por parte del Gobierno central. Y, por eso mismo, preocupa a los comerciantes, quienes temen que a la larga sus negocios sean afectados.

La vigencia del actual paquete de medidas, que se aprobó en el Real Decreto Ley (RDL) fechado en 1 de agosto, será hasta noviembre de 2023. Sin embargo, su longevidad puede cambiar dependiendo de las condiciones que pacten los grupos parlamentarios en las negociaciones para el próximo paquete complementario, el cual deberá definirse a finales de septiembre, de cara al invierno.

Plan De ahorro energético Madrid

Madrid acusa al Gobierno central de invadir competencias

El gobierno de Madrid, pese a su oposición férrea, se ha visto obligado a aplicar el plan de ahorro energético. Las razones detrás de su oposición fueron varias. Para empezar, consideraban que esta era una «decisión arbitraria y autoritaria» organizada a espaldas de las comunidades autónomas. Creían que invadía competencias y vaticinaban su impacto negativo para el turismo y el consumo.

Además, llegaron a afirmar que el RDL era inconstitucional en al menos diez puntos:

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  1. No hay problemas de suministro de gas en España.
  2. El acuerdo con Europa todavía no es obligatorio.
  3. Los cierres colisionan con las normas de lucha contra la pandemia.
  4. Informar sobre ahorro energético no ahorra energía.
  5. No es proporcional apagar la iluminación generada con energía sostenible.
  6. El apagado de escaparates colisiona con la ley autonómica de libertad de horarios comerciales.
  7. Colisión con la competencia autonómica para utilizar los edificios de la Comunidad de Madrid.
  8. Anticipar las revisiones de eficiencia energética podría ser un exceso.
  9. Las medidas duran más tiempo que el de la previsión europea.
  10. El sistema de sanciones es defectuoso.

Vistas las enormes discrepancias entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, se intentó buscar un acuerdo antes de que el plan entrara en vigor el 10 de agosto. El primer acercamiento serio se produjo en la Conferencia Sectorial del lunes 8 de agosto. A ella asistieron la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y los responsables de las áreas afectadas por el RDL de cada comunidad.

Reyes Maroto (izq) y Teresa Ribera (der).

Ayuso anuncia un recurso contra el plan de ahorro energético 

En esta reunión, los consejeros madrileños pidieron la reevaluación del plan actual. Su petición se fundaba en que hubo muy poca rigurosidad en la evaluación del impacto económico y laboral de las medidas. Las ministras, por su lado, defendieron la viabilidad del plan tal y como está. Más bien, animaron a las comunidades a presentar sus ideas de cara a las medidas complementarias de septiembre.

La Conferencia Sectorial finalizó sin un acuerdo entre el Ejecutivo madrileño y el Gobierno central. Como resultado, ese mismo día, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que Madrid iba a recurrir el plan de ahorro energético ante el Tribunal Constitucional. La base para su acusación es que se están poniendo en cuestión competencias que son propias de las comunidades autónomas.

Por ejemplo, señalan el conflicto directo entre el apagado de escaparates a las 22 horas y la Ley de Libertad de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir durante 24 horas. Lo mismo ocurre entre la competencia de cuidado y utilización de edificios propios, que también tendrán que estar apagados a las 22 horas si no están ocupados.

El Gobierno central niega que el plan se hiciera a espaldas de las comunidades autónomas 

Al día siguiente, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, aclaró que iban a esperar tres meses para presentar el recurso. Así, las medidas llevarán 90 días en vigor cuando el Ejecutivo madrileño decida apelarlas. A ello que hay que añadir los meses que tarde el Constitucional en pronunciarse.

Enrique Ossorio
Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Ante la lluvia de acusaciones vertidas desde Madrid, el Gobierno central salió para defenderse. Negaron que el plan se hiciera a espaldas de las comunidades. Por el contrario, afirman que se les animó a presentar sus propuestas en una reunión con los consejeros autonómicos el 29 de julio, dos días después del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Energía de Bruselas.

Temor en Europa por el corte de suministro de gas por parte de Rusia

La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, admitió en la Asamblea del martes 9 de agosto que ellos no harán ninguna propuesta en la línea que reclama la Comisión Europea. Sus peticiones se orientan a la bajada de la factura de luz, retomar las relaciones con Argelia e invertir en energías renovables.

La necesidad de un plan de ahorro energético surge en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La amenaza de un corte de suministro de gas por parte de Putin hizo que la Comisión Europea acordara reducir su consumo en un 15%, siendo esto obligatorio en caso de que deje de llegar el gas de Rusia. España, dada su menor dependencia del gas ruso, tiene una meta de solo el 7%.

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