El Gobierno justifica que, durante la aplicación voluntaria de esta medida, se han reactivado hasta 18.000 órdenes de búsqueda y captura, por lo que el objetivo sería cercar a la delincuencia
A partir de ahora, alojarse en un hotel o alquilar un coche en España obligará a proporcionar hasta 42 datos personales. Así lo dice el Nuevo Registro de Viajeros, aprobado por decreto ley y con entrada en vigor el pasado lunes 2 de diciembre.
La medida ha sido impulsada por el Ministerio del Interior con la idea de cercar a la delincuencia, pero ha sido duramente criticada desde el mundo empresarial por imponer mayor burocracia y no respetar la privacidad de sus clientes.
El Nuevo Registro de Viajeros: hasta 42 datos con dudas legales
El Nuevo Registro de Viajeros ha desatado la polémica y puesto en pie de guerra al sector del turismo. El real decreto obliga a hoteles, agencias de viajes y demás empresas relacionadas, a solicitar a sus clientes hasta 42 datos personales, frente a los 14 requeridos hasta ahora.
El incumplimiento podría implicar multas de entre 100 y 600 € por infracciones leves, y entre 601 y 30.000 € por infracciones graves, como la inexistencia de registro o la comisión completa de información. No se han querido imponer sanciones tipificadas como muy graves.
Los usuarios tendrán que aportar los siguientes datos:
- Nombre
- Primer apellido
- Segundo apellido
- Sexo
- Número de documento de identidad
- Número de soporte del documento
- Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE)
- Nacionalidad
- Fecha de nacimiento
- Lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad, país)
- Teléfono fijo
- Teléfono móvil
- Correo electrónico
- Número de viajeros
- Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad)
El listado se completa con datos de la empresa arrendadora (teléfono, URL del anuncio, correo electrónico…), del establecimiento (denominación, dirección completa, tipo de establecimiento…) y datos de la transacción (medio de pago, IBAN de la cuenta bancaria, titular del medio de pago…).
La información tendría que introducirse en la plataforma digital Ses.hospedajes, que supone una modernización respecto al procedimiento existente, pero que ha sido criticada por mal funcionamiento. Además, los empresarios denuncian que la medida les supondrá costes adicionales y reticencias por parte de los clientes, así como que les restará competitividad. También tienen dudas sobre el rigor con el que se aplicará la nueva normativa a los pisos turísticos.
El choque entre empresarios y Gobierno llegará con toda seguridad a los tribunales, pues la Confederación Española e Hoteles y Alojamientos ha anunciado la adopción de medidas legales. Afirman que la nueva norma incumple la normativa comunitaria relativa a los datos del medio de pago, y que se requiere, para esto, de una norma con mayor rango que el decreto ley por afectar a un derecho fundamental como es la privacidad.
El Gobierno defiende su efectividad y rechaza los argumentos legales
Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida, sobre todo por su efectividad a la hora de atajar la delincuencia. Durante los dos años que el sistema ha sido de uso voluntario, hasta 4,7 millones de usuarios han aportado sus datos, facilitando la reactivación de hasta 18.000 órdenes de búsqueda y captura.
Interior lo presenta como un instrumento policial contra el terrorismo y los delitos, al entender que su modus operandi pasa por adquirir vehículos y alojamientos. Y se defienden de las denuncias de falta de interlocución haciendo referencia a las tres prórrogas que ha sufrido el decreto, dos años que consideran más que suficientes para facilitar la implementación de las nuevas medidas en el sector privado.
En todo caso el Gobierno no muestra preocupación por posibles complicaciones legales. Se defienden afirmando que cuentan con el respaldo del Consejo de Estado (que niega que se vean afectados derechos fundamentales) y con la Agencia de Protección de Datos.
El informe de esta última agencia no recoge vulneraciones flagrantes, pero plantea dudas. Pide, por ejemplo, que se evalúe si se cumple con el principio de minimización en el tratamiento de datos, que exige limitarse a los datos estrictamente necesarios y no guardarlos por más tiempo del obligatorio. También pide aclarar quienes serán los destinatarios de los datos. Y recuerda que un sistema de interconexión general sería ilegal, pues se requiere una legitimación para acceder a esta información personal.
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