El sistema de menores tutelados de Madrid estaría encubriendo adopciones clandestinas
La operación Sana destapó la red de prostitución y tráfico de drogas en la que estaban envueltos cinco menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Los cabecillas de la red se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas; de su falta de arraigo familiar y de cuidados.
La tutela, en este caso, parece no haber servido de mucho, ganándose por tanto más de una crítica. No solo se duda de su eficiencia, sino que también se la acusa de encubrir un negocio a expensas de los menores.
Rosa Aguilera es portavoz de Familias Diversas para el Siglo XXI. Su asociación denuncia la presunta «corrupción» que se estaría dando en el sistema de menores tutelados de Madrid.
Todo arrancaría en el modo cómo los menores llegan a formar parte de sus filas. Según la Comunidad de Madrid, se asume la tutela de los niños cuando se comprueba que su entorno no les permite satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. Y es bajo este criterio que se estarían produciendo excesos.
La «asistencia moral» justificaría gran parte de las retiradas administrativas
Rosa afirma que los trabajadores sociales le están arrebatando la tutela de sus hijos a «gente pobre, madres solteras, personas que denotan violencia de género, desahuciados y personas con discapacidad». Esta retirada se basaría, a menudo, en «un pensamiento subjetivo, muchas veces nada cercano a la realidad». A este procedimiento, los servicios sociales lo denominan «retiradas administrativas», y suponen el 55% de los casos de menores tutelados.
La norma que sustenta el proceder de los asistentes sociales está recogida en el artículo 172 del Código Civil. Concretamente, en el concepto de «asistencia moral» del menor, el cual, de incumplirse, autoriza la retirada de la tutela a los padres. Según Rosa, el concepto es ambiguo, dando pie a situaciones en las que «si tú eres religioso y yo no, entonces puedes acusarme de no prestarle la suficiente asistencia moral al niño». Eso bastaría para que un trabajador social, amparado en su «presunción de certeza», pueda declarar un desamparo y llevarse al menor.
Ahora bien, en los casos en que los padres intentasen recuperar la tutela de su hijo, el camino a seguir está plagado de obstáculos. La única alternativa posible consiste en iniciar un «proceso judicial muy costoso» que la mayoría de familias no pueden permitirse. Y es que los barrios donde se han registrado mayor pérdida de tutelas, coinciden con ser los más pobres.
El 0,8% de los menores tutelados en Madrid se reincorporan con su familia antes de los 18 años
En el IV Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid se refleja que los distritos con más tutelas activas son Puente de Vallecas (294) y Villaverde (185). Por el contrario, los que menos tienen son Barajas (14) y Retiro (21). «Se quitan a los niños por pobreza, y luego se justifica con que hay una falta de asistencia moral», explica Rosa.
Los padres, muchas veces, no reciben ninguna comunicación oficial donde conste claramente el por qué son apartados de sus hijos. Y cuando piden el expediente que acredite esa información, no se lo dan. (advvisioncenters.com) Les dicen que hay que pedirlo «por juzgado», aunque la Ley de Procedimiento Administrativo asegure que toda persona tiene derecho a acceder a su expediente para poder defenderse. Y aunque se opte por esa vía, el proceso «puede tardar años».
El particular interés de las entidades públicas de quedarse con los niños contraviene la normativa vigente de las tutelas. El artículo 172 del Código Civil señala que, teniendo como base el bienestar del menor, se buscará siempre su «reinserción en la propia familia». Sin embargo, los datos apuntan a lo contrario. El Instituto Nacional de Estadística calcula que solo el 0,8% de los niños tutelados se reincorporan con su familia antes de los 18 años.
La Comunidad de Madrid paga entre 4 mil y 9 mil euros mensuales por menor
Ahora bien, ¿con qué propósito los servicios sociales buscan reclutar menores para sus centros? Según Rosa, esto se hace para beneficiar a determinadas empresas. En concreto, en el «negocio de los menores tutelados» estarían implicadas «empresas del tercer sector» (ONG’s como Nuevo Futuro o la Asociación Centro Trama), otras «relacionadas con el Opus Dei» y «empresas privadas» dedicadas a la asistencia social (como Grupo 5).
El negocio resulta lucrativo si se tiene en cuenta que, actualmente, la Comunidad de Madrid paga por niño unos «4 mil a 9 mil euros mensuales». La suma varía en relación a las necesidades especiales del menor. En cualquier caso, el dinero cubre su alojamiento, alimentación, servicio de enfermería y psicólogo, de necesitarlo. O al menos esa es la teoría. En la práctica, los recursos de las residencias son bastante limitados.
Rosa tiene constancia del déficit de educadores en los centros. Lo cual es especialmente preocupante en menores que requieren de un trato individualizado por su situación de desamparo. La pandemia de la Covid-19 ha ahondado el problema. Las bajas de educadores se registraron en muchos centros. Algunos, de hecho, operaron sin director durante varios meses; es decir, sin el máximo responsable del bienestar de los niños.
Las residencias de menores tutelados en Madrid tienen deficiencias de personal y material
Del poco personal de las residencias, Rosa denuncia que, en su mayoría, no están capacitados para atender las necesidades especiales de los menores. Los educadores no tienen la titulación requerida o, en el peor de los casos, «ni siquiera han terminado el bachiller superior». Y de los pocos que realmente son profesionales, abandonan su puesto en cuestión de meses, pues su salario no compensa las duras y complejas condiciones en que trabajan. De esta manera, el vínculo forjado entre menores y educadores es roto constantemente.
Las insuficiencias de las residencias tienen su origen en el modo como se licitan. Las hay de dos tipos: las públicas, que son gestionadas enteramente por las comunidades autónomas, y las concertadas, en las que también participan empresas privadas. La cesión de la gestión de las residencias se realiza mediante un concurso público al que se presentan asociaciones y fundaciones. Usualmente, la parte económica es la que más se valora, por lo que el proyecto que menos costos acarrea es el que sale elegido.
Además de las condiciones precarias de material y de personal, Rosa se muestra preocupada por el trato que reciben los menores en los pisos tutelados. Su masificación ha provocado que los «guardias de seguridad» ocupen el rol de educadores. Así pues, ellos, al no contar con las herramientas de un profesional, aplican medidas disciplinarias cuestionables. Por incumplir alguna regla de la residencia, a los menores se les castiga dejándolos sin comida o aislándolos de sus compañeros.
Adopciones encubiertas por las familias de acogida
Rosa explica que todas estas experiencias hacen que el menor, a la larga, acumule resentimiento hacia sus padres. Los acusa de haberlo «abandonado» en ese lugar tan hostil, de no visitarlo nunca. Al mismo tiempo, los trabajadores de los centros recomiendan a los padres abstenerse de prometer a sus hijos que los van a sacar de ahí. Las «complicaciones» que impidan su salida pueden aparecer en cualquier momento. Por ello, la creación de «falsas expectativas» no haría sino ahondar el rencor de los menores hacia sus padres.
Ahora bien, no todos los menores tutelados por la Comunidad están alojados en residencias. Una gran parte son derivados a familias de acogida, o lo que Rosa califica con cierta ironía como «el nuevo empleo que hay en España». Y es que, dependiendo de la comunidad autónoma y de las complicaciones de los cuidados, cada una de estas familias cobra entre 500 y 1500 euros mensuales por menor.
El negocio alrededor de las familias de acogida, según Rosa, no siempre termina ahí. El siguiente nivel entraña las «adopciones encubiertas» de los menores, quienes al cumplir dos años en acogimiento familiar pueden ser destinados a adopción. Una operación parecida se estaría practicando con los bebés recién nacidos de «madres solteras». A ellas ya no se les enseña «un bebe muerto» para tapar el robo, sino simplemente la trabajadora social «alega falta de asistencia moral» y se lleva al niño para ponerlo en adopción.
Hay 91 centros de menores en la Comunidad de Madrid
La legislación vigente teóricamente impide (o cuando menos dificulta en un buen grado) la separación forzada de la familia. Así pues, en el artículo 39 de la Constitución se pone de manifiesto que los poderes públicos tienen el deber de proteger a la familia, haciendo especial hincapié en las condiciones sociales, económicas y jurídicas. Además, en años recientes se han dado pasos en dirección a disminuir la presencia de menores en pisos tutelados. Más concretamente, con la modificación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia del 2015.
Desde ese último gran giro legal han transcurrido 7 años y los resultados no han sido los previstos. Según el último Boletín del Observatorio de la Infancia, los menores tutelados en España por primera vez superaron la cifra de 50 mil. De ellos, el 55% están en residencias. Únicamente en Madrid hay 91 centros de menores que dan albergue a más de 1.600 menores. El 80% de las mismas son de gestión privada, lo cual pone de manifiesto el importante peso que tienen las subcontratas en la red de tutelaje de la región.
Rosa pide apostar por las familias biológicas en lugar de las residencias de menores
Para Rosa, los esfuerzos que hasta día de hoy se han realizado para mejorar las condiciones de los menores tutelados en Madrid han sido insuficientes. Por ejemplo, para ella no hay modificación legal que valga si no se hace una mención explícita a la violencia institucional que, como se ha mencionado anteriormente, le consta que existe. De lo contrario, explica que «se estaría dando por entendido que en España no hay violencia institucional y que todos los trabajadores son modélicos. No podemos darle un cheque en blanco a los servicios sociales».
Además, Rosa demanda la creación de una ley en la que se especifique «hasta el último detalle» lo que se puede hacer con los niños y lo que no. Por experiencia ella sabe que acceder a los protocolos de los centros es muy difícil. Sea porque simplemente no los quieren dar o directamente porque no los hay.
Por último, cualquier decisión que se vaya adoptar en el futuro, Rosa cree que será perjudicial si no se tiene en claro que la opción del tutelaje de los menores es puramente «excepcional», y que el verdadero objetivo es mantener la familia unida. La gran inversión destinada a las residencias, debería trasladarse mas bien a las familias biológicas. O, en palabras Rosa: «que se valore antes a la familia extensa (primos o abuelos) en lugar de meter a un niño a un centro».
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