El número de prestaciones ha aumentado cerca de un 13% desde 2022 y alcanza una media anual de 96.400 beneficiarios en la región
La Comunidad de Madrid gestiona ya cerca de 96.400 pensiones contributivas de incapacidad permanente, según el dato de media anual de 2025 que recoge el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, difundido a través del banco de datos estadístico de la Comunidad de Madrid. La cifra confirma una tendencia sostenida al alza: la región pasó de 85.100 pensiones de media en 2022 a 86.600 en 2023 y a 90.000 en 2024, hasta las 96.400 de 2025. Es decir, la Comunidad ha sumado más de 11.000 pensiones de este tipo en apenas tres años, un incremento cercano al 13%.
El dato madrileño es el reflejo local de un fenómeno nacional. A cierre de diciembre de 2024, la Seguridad Social gestionaba 995.503 pensiones de incapacidad permanente en toda España; en diciembre de 2025 la cifra superó por primera vez el millón, hasta las 1.054.935, según la nota del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Cuantías: qué se cobra
El importe no depende del territorio, sino del grado reconocido y de la base reguladora del trabajador. Para 2025, las cuantías mínimas fijadas en el BOE (Real Decreto-ley 1/2025) situaron la gran invalidez con cónyuge a cargo en 23.678,20 euros anuales, la incapacidad absoluta en 15.786,40 euros con cónyuge a cargo (12.241,60 sin cónyuge) y la pensión máxima del sistema en 3.267,60 euros mensuales (45.746,40 euros anuales). La nómina nacional destinada a incapacidad permanente ascendió a 1.278,7 millones de euros en noviembre de 2025, según el Ministerio.
El cuello de botella: los tribunales médicos
Madrid es una de las provincias con mayor presión asistencial en los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), el órgano del INSS —conocido popularmente como “tribunal médico”— que examina al trabajador, valora sus informes y eleva la propuesta de grado. Las direcciones provinciales del INSS en Madrid tramitan estos expedientes conforme a la organización territorial de la Seguridad Social, y el propio INSS reconoce que instruye una media de unos 65.000 procedimientos de revisión de grado al año en toda España.
La vía administrativa y judicial
Cuando el INSS deniega la prestación o reconoce un grado inferior, el ciudadano dispone de 30 días hábiles para presentar reclamación previa y, si se desestima, otros 30 días para acudir al Juzgado de lo Social. Madrid concentra buena parte de la litigiosidad social del país.
Desde el despacho Grupo Novalegal —marca digital de NOVA SEGURIDAD SOCIAL Y CONSULTORÍA S.L.P., con oficinas en Barcelona y Madrid— señalan que la presión sobre los tribunales médicos y los juzgados alarga los plazos y hace recomendable preparar el expediente con rigor desde el inicio. Para orientarse sobre plazos y trámites en la región, los abogados del Grupo Novalegal aconsejan reunir toda la documentación clínica antes de la citación al EVI. El socio director de la firma, Roberto Toro Pujol (colegiado nº 30.305 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona), dirige un despacho centrado exclusivamente en derecho de la Seguridad Social e incapacidad permanente.
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