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El juez Peinado propone el juicio contra Begoña Gómez ante un jurado popular por cuatro delitos

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juicio contra begoña gomez
Fotografía: RTVE

El magistrado cierra la instrucción imputando a la esposa del presidente tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida

El juicio contra Begoña Gómez está un paso más cerca de celebrarse tras la decisión del titular del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado ha concluido la instrucción de la causa procesando a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un auto que marca un antes y un después en la crónica judicial nacional, el juez propone que la vista se realice mediante un jurado popular, excluyendo únicamente el presunto delito de intrusismo profesional, por falta de indicios sólidos.

Esta decisión judicial sitúa el foco mediático sobre el entorno de La Moncloa en un momento político de alta tensión. El magistrado considera que existen indicios suficientes para que un tribunal ciudadano evalúe las actuaciones de la investigada.

Un cierre de instrucción con acusaciones de régimen absolutista

El magistrado Peinado no ha escatimado en dureza en su escrito de cierre. Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, el juez encuentra indicios suficientes para sostener que Gómez utilizó su «posición relacional» como esposa del presidente para obtener beneficios, como la cátedra en la Universidad Complutense. El juez llega a comparar estas conductas con las de «regímenes absolutistas», señalando que no se recuerda un supuesto similar en la democracia española reciente.

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Además de Begoña Gómez, el procedimiento continúa contra:

  • Cristina Álvarez: asesora en La Moncloa, imputada por los mismos cuatro delitos.
  • Juan Carlos Barrabés: empresario, procesado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Begoña Gómez y Pedro Sánchez
Begoña Gómez y Pedro Sánchez( Foto: Carlos Delgado)

Los cuatro pilares de la acusación en el juicio contra Begoña Gómez

La resolución judicial desglosa detalladamente por qué se solicita la apertura de juicio por cada una de las figuras delictivas:

  • Tráfico de influencias: el juez sostiene que su condición de ‘esposa de’ fue determinante para conseguir decisiones públicas favorables.
  • Corrupción en los negocios: se le acusa de captar fondos privados, presuntamente para integrarlos en su patrimonio personal bajo la apariencia de una cátedra universitaria.
  • Malversación: se imputa este delito tanto a Gómez como a Álvarez por el uso de una empleada pública de Presidencia para tareas ajenas a su cometido institucional.
  • Apropiación indebida: relacionado con el registro a su nombre del software desarrollado para la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Reacción del Gobierno ante el juicio contra Begoña Gómez: «Es una vergüenza para la judicatura»

La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su «confianza absoluta» en que instancias superiores revoquen la decisión de Peinado. Bolaños ha sido tajante al afirmar que la actitud del juez «ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos magistrados», sugiriendo una falta de imparcialidad en el proceso.

Desde Moncloa también han subrayado la «casualidad» de que los autos del juez Peinado coincidan sistemáticamente con viajes oficiales de Pedro Sánchez. En este momento, el presidente y su esposa se encuentran en China, repitiendo el patrón ocurrido en viajes anteriores a la India o durante cumbres internacionales.

El PP y Vox exigen responsabilidades inmediatas

En la oposición, la noticia ha sido recibida como la confirmación de lo que denominan una «semana de la corrupción». Alma Ezcurra (PP) se ha referido a Gómez como la «tetraprocesada», cuestionando la imagen internacional de España. Por su parte, Ignacio Garriga (Vox) ha ido más allá, calificando la situación como la «punta del iceberg de una mafia» y señalando directamente al presidente del Gobierno como el responsable último.

Con el cierre de la instrucción, las partes disponen ahora de cinco días para presentar sus escritos de conclusiones y solicitar formalmente la apertura del juicio oral.

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