El ex-secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por presunta prevaricación y contratación irregular en festejos municipales de seis ayuntamientos madrileños
El juicio del caso Púnica contra Francisco Granados se ha vuelto a retomar este lunes en la Audiencia Nacional, reavivando uno de los mayores escándalos de corrupción política de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas. El ex-político del PP y ex-consejero de Esperanza Aguirre vuelve a sentarse en el banquillo después de 12 años. Fue en octubre de 2014 cuando estalló el caso Púnica, por el que Granados tuvo su primer juicio, acusado de sacar provecho de un chivatazo que recibió de un guardia civil durante la operación policial. Por ello, fue condenado a dos años de cárcel.
En esta ocasión, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contratación irregular. Desde la Fiscalía se considera que participó en un sistema de adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huerta, fallecido en 2020, todos ellos vinculados a fiestas populares y conciertos municipales en seis ayuntamientos de Madrid. También están acusadas otras 13 personas, entre ellos un exsenador y varios exalcaldes de municipios madrileños.
Los consistorios cuyas adjudicaciones están bajo revisión judicial son los de Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio y Humanes. En el caso de Granados, la acusación sostiene que tuvo un papel relevante en la trama, permitiendo la continuidad de estas prácticas durante años.
Según el auto de procesamiento del magistrado instructor Manuel García Castellón antes de su jubilación, el empresario Huerta habría logrado adjudicaciones por un valor cercano al millón de euros a cambio de regalos a distintos responsables municipales y mediante el inflado de facturas para incluir servicios no incluidos formalmente en los contratos. Los hechos investigados se sitúan entre los años 2004 y 2013.
Las fiestas municipales de seis consistorios de Madrid, en el punto de mira en el juicio del caso Púnica
La Audiencia Nacional juzga si, en los diferentes ayuntamientos madrileños, «existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial», según expone el juez en su auto de procesamiento del juicio del caso Púnica contra Granados.
La Fiscalía Anticorrupción subraya en sus conclusiones provisionales la estrecha relación personal entre Francisco Granados y el propietario de Waiter Music, José Luis Huertas. Según el Ministerio Público, el empresario llegó a asumir el coste de dos celebraciones privadas del exconsejero y se benefició de la influencia que Granados ejercía dentro del PP de Madrid y del Gobierno regional.
La acusación sostiene que Granados utilizó su posición de “prevalencia y superioridad” para favorecer a la empresa en contrataciones de administraciones madrileñas. Entre los eventos bajo sospecha figuran fiestas patronales, celebraciones navideñas, cabalgatas, orquestas de verano y actuaciones musicales, incluida alguna en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.
Waiter Music logró adjudicaciones por importes relevantes en municipios como Valdemoro (773.186 €), Móstoles (262.000 €), San Martín de la Vega (135.349 €), Torrejón de Velasco (100.172 €) o Moraleja de Enmedio (104.565 €), entre otros, según informa infoLibre. A cambio, sostiene la Fiscalía, el empresario habría ofrecido contraprestaciones como servicios no facturados para actos del PP y regalos personales, entre ellos un reloj y una pluma Montblanc valorados en unos 1.000 € entregados a Granados.
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