La Fundación Plan International tiene dos condenas por despedir a sus trabajadores en su sede de Madrid
La Fundación Plan International España, reconocida ONG de ayuda a los niños, se encuentra desde hace años en medio de un lío judicial con el sindicato CNT-AIT en su sede de Madrid. El conflicto ya les ha costado dos condenas: una por vulnerar la libertad sindical de sus trabajadores, y la otra por hacer un ERE ilegal. A la espera está un tercer juicio, que se celebrará el mes de noviembre, y cuya causa es una nueva ola de despidos irregulares.
La CNT-AIT es una confederación de sindicatos que se autodefine como «defensora de los trabajadores ante posibles agresiones laborales». La explicación que ellos sostienen sobre el proceder ilícito de Plan International contra miembros de su organización es que todo se trata de una «represalia». A la ONG, afirman, no le gustó que se creara un brazo de la CNT en su sede de Madrid.
El desencuentro entre las dos entidades empezó en abril de 2019, justo después de que los trabajadores de Plan International de Madrid afiliados a la CNT organizaran una asamblea extraordinaria donde se debatió la necesidad de constituir una Sección Sindical en la empresa y elegir a un delegado sindical. Propuestas ambas que fueron «aprobadas por unanimidad».
Una vez formada la Sección Sindical, la nueva delegada demandó a la empresa para que declarase en fraude de ley los contratos temporales de los captadores de donantes individuales. Y es que al cumplir ellos una labor orientada a la financiación de la empresa, de carácter estructural y permanente, «debían ser reconocidos de facto como de carácter indefinido».
Sin embargo, la decisión que tomó la Fundación no estaba dentro de sus previsiones. De manera sorpresiva, decidieron unilateralmente despedir a la delegada de la Sección Sindical de la CNT-AIT en Madrid. La Fundación se justificó alegando que, tras una auditoría realizada semanas antes, supuestamente habían detectado deficiencias en la prestación del servicio de la delegada.
Condena a Plan International por vulnerar la libertad sindical y garantía de indemnidad
Frente a esta medida que creyeron injusta, la CNT inició una campaña para lograr su readmisión. La reacción de la ONG consistió en ofrecer dinero para evitar el litigio. Pero eso no era lo que la delegada y el sindicato perseguían, por lo que no hubo más opción que ir a juicio, el cual se celebró en diciembre de 2019. La principal demanda era que se declarase nulo el despido de la trabajadora por haberse producido como represalia a su labor en el sindicato.
Asimismo, en la sentencia también se dejaba en claro que los contratos por obra y servicio estaban en fraude de ley y que, por tanto, debían pasar a indefinidos, hecho que se produce en poco menos de un mes. Tras la victoria en los tribunales, «casi toda la plantilla de captadores de Madrid se afilió a la CNT-AIT», afirma el sindicato.
La CNT denuncia persecuciones a sus afiliados
El segundo juicio surgió a raíz de la Covid-19. Con su estallido en marzo de 2020, a los trabajadores de Plan International de Madrid se les aplicó un ERTE del que salieron en junio de 2020. A partir de ese momento, afirma la CNT, se intensifica la «persecución de la empresa hacia los afiliados al sindicato». Contratan al jefe de una subcontrata, Cohesión Fundraising, para que haga el «trabajo sucio» y externalizan el servicio.
Para el otoño del 2020, en la empresa únicamente quedaban los captadores, a quienes se les presiona para pactar sus despidos. Desde el 30 de octubre hasta el 18 de enero de 2021, se producen 15 despidos. O lo que es lo mismo: se pacta la salida de todos los trabajadores que quedaban en el departamento de captación, salvo los cinco que eran miembros de la CNT.
La Fundación Plan International despide por cuarta vez a sus trabajadores
Su lucha nuevamente se concentra en conseguir la readmisión de los trabajadores despedidos y el fin de la represión sindical. Pero, al igual que la primera vez, la Fundación Plan International «se niega a cualquier diálogo y solo está dispuesta a ofrecer dinero», denuncian desde la CNT en Madrid.
Tras sucesivos aplazamientos, el segundo juicio se celebró finalmente en septiembre de 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó su sentencia dos meses más tarde. En ella se declaraba nulo el despido de los 15 trabajadores por considerar que estos se produjeron en «el marco de un ERE ilegal», al haber tenido lugar por goteo y no siguiendo el procedimiento habitual.
Según el sindicato, la ONG ha intentado incumplir la sentencia. Tras el fallo, readmitió solo a los cinco trabajadores afiliados a la CNT-AIT, a quienes, no obstante, volvió a despedir en enero de 2022. Con estos últimos despidos, ya es la cuarta vez que Plan International intenta deshacerse de los afiliados a la CNT, aunque hasta ahora sin éxito pues los sindicalistas han logrado la readmisión tres veces.
El tercer juicio se celebrará el 21 de noviembre
Todo lo ocurrido en Madrid, por grave que parezca, no supone un caso aislado. La Fundación ha tenido problemas similares en su sede de Andalucía, donde en el año 2019 despidió a 16 trabajadores para después recular y readmitirles. Y aún ahora está a la espera de un nuevo juicio contra el sindicato, el cual tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
La CNT-AIT no acepta subvenciones del Estado
La Fundación Plan International España surgió en 1937 con la idea de brindar ayuda a los niños. En un principio trabajaba bajo el nombre de Foster Parents Plan for Children in Spain (Plan de Familias de Acogida para Niños de España) y tenía como objetivo ayudar a los niños y niñas que quedaron huérfanos durante la Guerra Civil española.
Actualmente, Plan International provee ayuda en zonas de guerra, organiza planes de asistencia en casos de emergencia y lleva a cabo proyectos a largo plazo para ayudar a los niños y niñas, a sus familias y a sus comunidades en países en vías de desarrollo. Se financian mediante un sistema de socios y de donaciones puntuales, así como el apadrinado de menores.
La CNT-AIT, por su parte, es un organismo autónomo. Las decisiones y los acuerdos se toman en asambleas. Rechazan los liderazgos y las jerarquías, no tienen profesionales del sindicalismo y no aceptan subvenciones del Estado. De esta manera, afirman, protegen su capacidad de decidir y actuar sobre sus propios problemas y aspiraciones.
