Se les introducía ilegalmente haciéndolos pasar por inmigrantes y menores extranjeros no acompañados
La Policía Nacional, junto con Europol, ha detenido la pasada semana a 37 personas pertenecientes a una red dedicada a introducir ciudadanos vietnamitas en España para luego explotarlos en centros de manicura. Los hacían entrar ilegalmente a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y el de El Prat, en Barcelona, ciudad donde estaba la sede de la organización. En total entraron en el país de esta manera 730 vietnamitas.
El método de la organización era utilizar de manera fraudulenta los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). Tras solicitarlos, nunca continuaban con el expediente administrativo; lo que buscaban era poder acceder a territorio Schengen. Así, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia Sudamérica y de ahí volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España. Una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
A la Policía le llamó la atención el aumento de solicitantes de estos trámites en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y ahí comenzaron las investigaciones. La organización ha demostrado un gran conocimiento de la legislación: instruían a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir.
Viajaban a Barcelona en taxi
Así, al obtener el acceso al territorio nacional, si solicitaban Protección Internacional, rechazaban los recursos; si lo que iniciaban era el protocolo para MENAS, se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados. En ambas situaciones, lo que hacían era trasladarse en transporte público, normalmente en taxi, hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.
Formaban grupos de 6 a 12 personas liderados por el responsable de realizar el trayecto con ellos, que hablaba inglés para poder comunicarse. Facilitaban un teléfono móvil de igual color y modelo a cada inmigrante para que contactaran al llegar con algún miembro de la organización, que les indicaban adónde dirigirse. Sus pasaportes eran destruidos durante el vuelo a España para que no fueran identificados plenamente.
Investigaciones y operativo policial
El operativo se ha desarrollado en diferentes provincias españolas, entre ellas Madrid, y se han realizado diez entradas y registros en Barcelona, y más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. 37 personas han sido detenidas, algunos de ellos los máximos responsables de la organización criminal en Europa. En total se ha intervenido 60.000 euros en efectivo, 4 vehículos, dispositivos de almacenamiento de información y documentación.
Entre los arrestados se encuentra un funcionario de extranjería de Huelva, que estaba en connivencia con un empresario vietnamita y aportaba los documentos necesarios para conseguir de manera fraudulenta una autorización de residencia y trabajo por arraigo social. La organización llevaba hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, a fin de obtener el permiso de forma ilegal.
Dinero y estado de los inmigrantes
La organización cobraba a los inmigrantes 18.000 euros por persona, con un fin eminentemente lucrativo. Los métodos de pago con los que operaban eran, bien en efectivo en el país de origen para evitar el rastreo del dinero, o generando deudas para que fuesen abonadas mediante trabajo no remunerado en Europa; incluso las víctimas llegaban a ceder tierras y propiedades por los importes adeudados. Durante este año, la red ha alcanzado más de 13.000.000 euros.
La organización poseía una infraestructura en Vietnam para organizar el viaje, y en países sudamericanos, para recibir a los inmigrantes durante varios días con la intención de simular una estancia por turismo. En España, lugar de recepción, explotaban y derivaba a las personas a distintas provincias y otros países europeos, como Francia y Alemania.
Las condiciones de alojamiento en las viviendas y la situación laboral de las víctimas, según los investigadores, era humillante. Tenían jornadas laborales de 12 horas y ninguna libertad de movimiento, y vivían encerrados en pisos e incluso zulos, donde se acedía a través de una trampilla.
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