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Continúa la investigación sobre la trama Gürtel en Boadilla del Monte

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Auditorio Municipal Boadilla

  • Un ex concejal ha declarado en calidad de investigado por un supuesto fraude en la organización de un concierto.

  • El juez ha citado también a varios funcionarios para testificar acerca de una promoción urbanística bajo sospecha.

  • El Ayuntamiento de Boadilla del Monte parece un punto clave en el entramado de Francisco Correa.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha vuelto a señalar, en las últimas semanas, al municipio madrileño de Boadilla del Monte como uno de los epicentros del entramado de la red liderada por Francisco Correa. El foco se ha puesto sobre la contratación presuntamente amañada de un concierto y sobre una promoción inmobiliaria por valor de más de 30 millones de euros.

El pasado jueves se produjo la comparecencia del ex concejal de Cultura, Francisco Pastor, en calidad de investigado (término que sustituye a ‘imputado’ desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El magistrado lo había citado para esclarecer la adjudicación presuntamente irregular de un concierto de homenaje al compositor Luigi Boccherini, celebrado hace una década, a dos empresas relacionadas con la trama corrupta.

Pastor, que ya había manifestado a Radio Madrid encontrarse «muy sorprendido» por la citación, defendió la inocencia de su actuación y no reconoció como suyas las firmas que figuran en las dos facturas investigadas. Además, aseguró que las empresas fueron contratadas por orden de Arturo González Panero, que era alcalde en esos momentos.

Siguiendo la recomendación de su abogado, el ex edil declinó realizar más declaraciones cuando este periódico consiguió ponerse en contacto con él.

Pagos fraccionados para evitar concursos públicos

De la Mata recibió en octubre un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que analizaba 31 contratos de cuantía menor pertenecientes a la época de González Panero. Entre ellos se encontraba el del concierto. Al parecer, los pagos, que suman 20.000 euros, se fraccionaron para evitar un concurso público y así poder adjudicarlo directamente.

En enero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitó, a través de un auto al Ayuntamiento de Boadilla, que identificara al funcionario responsable de dicho contrato.

Según fuentes consultadas por este diario, en el equipo de gobierno del actual alcalde del municipio, Antonio González Terol, se conoce más del caso por los medios que por información directa, dado que el ex concejal investigado se retiró hace años de la política y en la actualidad se encuentra desvinculado por completo del consistorio y del Partido Popular. Esas mismas fuentes añadieron que el Ayuntamiento se mostrará en todo momento «dispuesto a colaborar» con el juez, si es necesario aportar más documentación.

González Panero alegó presiones para variar el precio de una parcela

La IGAE remitió a la Audiencia Nacional un segundo informe que detectaba irregularidades en quince contratos públicos adjudicados entre 2001 y 2006. El más voluminoso sobre el que se ponía la lupa corresponde a una promoción urbanística por valor de 33 millones, adjudicada a la inmobiliaria de José Luis Ulibarri, un constructor vinculado a la Gürtel.

De la Mata llamó recientemente como testigos a varios funcionarios pertenecientes a la sección de valoraciones de la Dirección General del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en 2005 tasaron los terrenos en 19 millones de euros. El valor de la parcela habría sido manipulado en el contrato, para favorecer en la adjudicación a la empresa de Ulibarri.

González Panero, acusado de cobrar comisiones, denunció el pasado mes de diciembre haber sufrido presiones por parte de la Comunidad de Madrid para variar el precio, y apuntó al actual Consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que en febrero negó rotundamente ante el juez dicha acusación y aseguró no haber tenido relación con el ex alcalde.

Casi una década de investigación de la actividad de la trama Gürtel en Boadilla del Monte ha generado varios informes, que apuntan a irregularidades en contrataciones públicas y adjudicaciones de espectáculos y obras cifradas en más de cien millones de euros totales.

 

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