La decisión de Bruselas, que pide multar a España, llega tras el incumplimiento reiterado del Gobierno para adaptar las directivas europeas que benefician a los pequeños negocios
La Comisión Europea ha agotado la vía del aviso diplomático y ha decidido llevar al Gobierno Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En su demanda formal, Bruselas pide multar a España por no haber transpuesto a tiempo la directiva comunitaria que permite a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos aplicar una exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando operan en otros Estados miembro. Esta inacción legislativa deja a España en una posición de aislamiento, siendo el único país de la Unión que sigue sin adaptar su normativa fiscal a las exigencias comunitarias.
El Ejecutivo comunitario ha dado este paso drástico tras constatar que las autoridades españolas no han notificado la transposición de dos normas clave, a pesar de tener un expediente de incumplimiento abierto desde hace más de un año. Las fases previas del procedimiento de infracción no han logrado que el Gobierno cumpla con los plazos establecidos para proteger la competitividad de sus empresas.
Los dos grandes bloqueos por los que Bruselas pide multar a España ante el TJUE
El reproche de la Comisión Europea hacia España se fundamenta en la falta de incorporación de dos grandes reformas aprobadas hace años, cuyo objetivo principal es armonizar y simplificar el mercado interior europeo:
- El régimen del IVA para pymes (Directiva de 2020): Esta reforma fue diseñada específicamente para reducir las distorsiones de competencia y simplificar las obligaciones fiscales de las compañías de menor tamaño. Aunque el Ejecutivo español ha argumentado que aplicar esta exención a nivel nacional es una medida «opcional», la Comisión subraya de forma tajante que el Estado sigue obligado a transponer las disposiciones que permiten a las empresas establecidas en su territorio acogerse a este régimen en otros países de la UE.
Actualmente, para que una pyme española pueda beneficiarse de esta exención en otro Estado miembro, debe registrarse previamente ante la Hacienda española, un procedimiento burocrático que es imposible de aplicar mientras la normativa europea no se haya incorporado al derecho nacional.
- Tributación virtual y bienes de segunda mano (Directiva de 2022): Esta segunda norma modifica las reglas sobre los tipos del IVA e introduce disposiciones obligatorias sobre el lugar de prestación de determinados servicios cuando se transmiten o se ofrecen de forma virtual.
Según alerta la Comisión, la falta de adaptación de estas reglas en España puede generar graves riesgos de doble imposición o, por el contrario, de ausencia total de tributación. El motivo es que el resto de Estados miembro ya han incorporado estas disposiciones a su legislación y aplicarán criterios distintos a los españoles.
Además, la directiva introduce cambios en el régimen especial aplicable a bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades, cuya falta de transposición provoca evidentes distorsiones de competencia en el mercado del arte y el coleccionismo, según Bruselas.
¿Cómo afecta este retraso a un autónomo español?
Mientras el proceso judicial avanza en Luxemburgo, las consecuencias directas de este bloqueo normativo recaen exclusivamente sobre el tejido productivo nacional. Las asociaciones de autónomos y las pequeñas y medianas empresas llevan meses reclamando una armonización que les permita competir en igualdad de condiciones.
Sin esta transposición, un emprendedor español que desea ofrecer sus servicios digitales en Francia o vender sus productos en Alemania se enfrenta a una burocracia fiscal mucho más densa y opaca que la de sus competidores europeos. Esta falta de agilidad administrativa no solo frena la internacionalización de nuestras pymes —que a menudo desisten de operar en el extranjero por miedo a cometer errores tributarios—, sino que genera unos costes de gestoría y administración extra que lastran su crecimiento en un momento económico delicado.
El riesgo para las arcas públicas y la cronología de los avisos
El calendario marcado por la Comisión Europea era muy claro y concedía un margen de maniobra razonable. Todos los Estados miembro tenían la obligación de adoptar las medidas necesarias para incorporar ambas directivas a su legislación y comunicarlas a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2024.
Ante la ausencia total de notificación por parte de España una vez superado el plazo, el Ejecutivo comunitario activó la maquinaria sancionadora. Primero, envió dos cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025. Al no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión elevó el tono y emitió sendos dictámenes motivados el 17 de julio de 2025, en los que instaba formalmente a las autoridades españolas a completar la transposición de estas normas de forma urgente.
Sin embargo, hasta la fecha, España no ha comunicado la adopción de las medidas. Por ello, la Comisión ha decidido llevar el caso ante el TJUE solicitando la imposición de sanciones financieras. Estas multas, que en casos similares incluyen tanto una suma a tanto alzado como penalizaciones coercitivas diarias hasta que se apruebe la ley, supondrán un nuevo golpe para las arcas públicas del Estado derivado exclusivamente de la inacción administrativa.
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