El juez García-Castellón citará a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes dentro del caso Púnica
Las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, han sido imputadas este lunes por delitos vinculados a la financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral. Se las ha citado los día 1, la segunda, y 18, la primera de octubre, para declarar dentro del marco de las investigaciones del caso Púnica por la financiación ilegal del PP de Madrid.
Campañas financiadas con dinero público
El juez Manuel García-Castellón recibió un informe de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de junio. En él se solicitaba la imputación de las dos expresidentas regionales por delitos de corrupción, además de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón.
Ahora, tras la citación, pasan a formar parte de la lista de investigados por el supuesto desvío de fondos para financiar irregularmente varias campañas electorales del Partido Popular en la capital.
A Esperanza Aguirre se la investiga por haber consentido la financiación irregular con dinero de empresas privadas. En informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se concluye que la empresa Indra financió con 566.947 euros la campaña electoral de 2011 de Aguirre, teniendo como retribución la adjudicación de contratos públicos.
En distintos sumarios se dan pruebas de desvío de dinero de la publicidad de los hospitales privatizados, de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, y de los parquímetros de Valdemoro, por mencionar algunos.
Adjudicación irregular de obra al grupo Cantoblanco
La sospecha que recae sobre Cifuentes está en la adjudicación de la cafetería del Parlamento madrileño al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, un viejo amigo del PP madrileño.
Según los expedientes, la expresidenta se habría saltado los trámites de la Asamblea de Madrid para favorecer al grupo Cantoblanco. Así también, se escruta su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se presume que se desvió dinero.
El caso Púnica arrancó en 2013, con la detención del que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Se descubrió la existencia de una trama de corrupción de las adjudicaciones en administraciones públicas por más de 50 millones de euros.
La Audiencia Nacional todavía indaga cómo se pagaron las campañas electorales del PP en Madrid. En tanto, todo aquel que ocupó un cargo en el partido desde 2003 está bajo sospecha.
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